Sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional: qué ha pasado y qué puede hacer Europa

Desde 2025, Estados Unidos ha sancionado al fiscal, a jueces, a personal y a colaboradores de la Corte Penal Internacional, y desde el 9 de octubre de 2026 a la propia Corte. Qué alega Washington, qué responden la Corte y la ONU, y qué instrumento podría usar la Unión Europea para protegerla.

Juan A. Esteban @juanesteban.art

Oct 19, 20267 min read

a Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga y juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, dentro de la competencia que le atribuye el Estatuto de Roma, del que forman parte 125 Estados. Desde febrero de 2025, Estados Unidos, que no es parte del Estatuto, ha sancionado a jueces, fiscales, personal y organizaciones vinculadas a la Corte. El 9 de octubre de 2026 dio un paso sin precedentes: sancionar a la propia Corte como institución.

La cronología

6 de febrero de 2025. El presidente Donald Trump firma la Orden Ejecutiva 14203, que autoriza sanciones contra quienes participen en actuaciones de la Corte sobre personas estadounidenses o de países aliados que no hayan aceptado su jurisdicción. El anexo de la orden designa al fiscal, Karim Khan: bloqueo de sus bienes en Estados Unidos y restricción de entrada en el país.
5 de junio de 2025. Sanciones a cuatro juezas: Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Alapini-Gansou, de Benín, y Beti Hohler, de Eslovenia.
9 de julio de 2025. Sanción a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. No trabaja para la Corte: Washington la sancionó por colaborar, según su criterio, con sus actuaciones.
20 de agosto de 2025. Sanciones a los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, y a los dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
4 de septiembre de 2025. Sanciones a tres organizaciones palestinas de derechos humanos: Al-Haq, el Centro Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos.
18 de diciembre de 2025. Sanciones a los jueces Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.
18 de agosto de 2026. Sanciones a la presidenta de la Corte, la jueza japonesa Tomoko Akane, y a un miembro de su personal, Abdoulaye Seye.
9 de octubre de 2026. Sanción a la Corte como institución. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) la incluye en su lista de personas y entidades bloqueadas, que reúne a sancionados bajo distintos programas de sanciones estadounidenses. Publica a la vez cuatro licencias generales, de la 13 a la 16, que autorizan determinadas operaciones sin levantar la designación. La 13 autoriza determinadas operaciones necesarias para mantener o liquidar las actividades, contratos y acuerdos de la Corte, como las operaciones corrientes, los pagos de los Estados parte, los salarios, el seguro de salud y los servicios médicos del personal y el alquiler, hasta las 00:01 del 7 de abril de 2027 (hora de verano del este de Estados Unidos), salvo modificación o prórroga. La 14 autoriza determinadas telecomunicaciones, servicios de internet y aplicaciones empresariales. La 15, determinadas operaciones relacionadas con pensiones, con las condiciones previstas para los pagos a personas bloqueadas. La 16, determinadas operaciones relacionadas con la salud, la seguridad, el bienestar y las instalaciones de las personas detenidas incluidas en su anexo. Las licencias delimitan operaciones autorizadas, pero no anulan la designación institucional.

Al anunciar la medida, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que, si los aliados no frenan a la Corte, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelarla ladrillo a ladrillo (en inglés, «brick by brick») hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados.

Qué alega Washington

La orden ejecutiva de 2025 sostiene que la Corte ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y su estrecho aliado Israel (traducción de «illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel»), y que no tiene jurisdicción sobre ninguno de los dos porque ninguno es parte del Estatuto de Roma. La orden cita las órdenes de detención de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y las investigaciones preliminares sobre personal de Estados Unidos y de aliados. La referencia a la investigación sobre la actuación de personal estadounidense en Afganistán procede de la nota del Departamento de Estado de agosto de 2025 sobre la jueza Kimberly Prost, a quien designa por su decisión de autorizarla.

Qué responden la Corte y la ONU

Tras la sanción del 9 de octubre, la Corte la calificó de «ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional», afirmó que busca perturbar su funcionamiento e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella, y aseguró que seguirá ejerciendo su mandato.

Según su portavoz, el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró las sanciones «un golpe grave para nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional». Ese mismo día, los expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos las calificaron de «ataque a los cimientos de la rendición de cuentas internacional y del Estado de derecho».

Esos expertos han criticado reiteradamente la ampliación de las sanciones. En agosto de 2026 lamentaron, además, que seis Estados parte hubieran anunciado su intención de abandonar la Corte.

Qué puede hacer Europa

La Unión Europea dispone del Reglamento (CE) 2271/96, conocido como estatuto de bloqueo. Protege a las empresas y operadores europeos frente a los efectos extraterritoriales de determinadas leyes extranjeras, las que figuran en su anexo: prohíbe en ciertos supuestos cumplirlas, limita el reconocimiento de las resoluciones que las aplican y permite reclamar los daños que causen.

Las sanciones estadounidenses contra la Corte no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) 2271/96, por lo que el reglamento no las cubre de forma automática. La comprobación se refiere a la versión consolidada vigente consultada en EUR-Lex a 19 de octubre de 2026 y no descarta que exista una propuesta, una deliberación o una modificación todavía no incorporada al texto consolidado. Para proteger a la Corte, la Unión tendría que incorporarlas al ámbito del reglamento o adoptar otra medida jurídica. Los expertos independientes de la ONU lo vienen pidiendo desde agosto de 2025, y el 9 de octubre reclamaron que se haga de inmediato. No he localizado una decisión de la Comisión Europea en ese sentido, ni una posición del Gobierno de España sobre el uso de este reglamento frente a estas sanciones.

Una justicia que no admite excepciones

A mi juicio, la discusión no es si la Corte Penal Internacional es perfecta. No lo es, y su historia tiene desequilibrios que merecen crítica. La discusión es si un Estado puede castigar financieramente a jueces y fiscales por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones. Criticar una decisión judicial, recurrirla o negarse a reconocer una jurisdicción son posiciones legítimas. Bloquear las cuentas de quien juzga pertenece a un orden distinto.

Si el derecho internacional solo alcanza a quien no puede sancionar al juez, deja de ser universal.

Sobre la conversación abierta

Este texto separa los datos de mi posición y no es un análisis jurídico exhaustivo. Si trabajas en derecho internacional o derechos humanos y quieres precisar un dato o discutir esta lectura, este cuaderno sigue abierto: escríbeme.

Relación del autor con los casos

No existe una relación económica, profesional o de colección con las personas, empresas e instituciones citadas.

Fuentes

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Juan A. Esteban @juanesteban.art